Las APP no son una panacea, sino herramienta que debe utilizarse de manera estratégica. Es fundamental contar con marco regulatorio sólido, transparente y estable, así como con mecanismos eficientes de supervisión y control.
En el Perú, las asociaciones público-privadas (APP) se consolidan como una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo y cerrar las brechas de infraestructura y la mejora de servicios públicos.
El reciente foro PPP Américas 2025 puso de manifiesto la relevancia de este modelo de inversión que permite al Estado y al sector privado aunar esfuerzos para abordar desafíos de gran envergadura, como la falta de acceso a servicios básicos y la modernización de la infraestructura.
La experiencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en la implementación de APP para servicios como esterilización, mantenimiento y gestión de instalaciones es un claro ejemplo de los beneficios que este mecanismo puede generar.
Al delegar en el sector privado la gestión de ciertas operaciones, las instituciones públicas pueden concentrarse en su core business (negocio principal), mejorando la eficiencia y la calidad de los servicios que ofrecen a la población.
El sector educativo también se beneficia de las APP. Si bien se reconocen los desafíos y lecciones aprendidas en este ámbito, el interés de los inversionistas privados por participar en proyectos educativos de largo plazo es una señal alentadora. La educación 4.0, que combina tecnología y pedagogía innovadora, requiere de inversiones sostenidas que las APP pueden facilitar.
El dinamismo del sector de las APP en el Perú es evidente. Los datos presentados por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) muestran un crecimiento sostenido de las adjudicaciones, tanto en términos de número de proyectos como de monto de inversión. Este repunte se explica por la confianza de los inversionistas en el marco normativo peruano y en la solidez de los proyectos planteados.
El Gobierno identificó la importancia de las APP como un instrumento para cerrar la brecha de infraestructura, estimada en 150,000 millones de dólares. Al compartir riesgos y conocimientos con el sector privado, el Estado puede acelerar la ejecución de proyectos y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Los sectores de transporte, energía, agua potable y atención hospitalaria son algunos de los que se benefician de las APP. La concesión de puertos ha permitido aumentar significativamente la capacidad exportadora del país, mientras que en el sector energético se han desarrollado importantes proyectos de transmisión eléctrica.
Las APP no son una panacea, sino una herramienta que debe utilizarse de modo estratégico. Es fundamental contar con un marco regulatorio sólido, transparente y estable, así como con mecanismos eficientes de supervisión y control. Además, es necesario fortalecer las capacidades institucionales para gestionar estos complejos proyectos y garantizar que los beneficios se distribuyan de manera equitativa.
Esta modalidad de inversión se perfila como un pilar fundamental para el desarrollo del Perú en los próximos años. Al aprovechar el dinamismo del sector privado y la capacidad de gestión del Estado, este mecanismo puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, reducir las desigualdades y consolidar el crecimiento económico del país.
Fuente: El Peruano
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